En esta cuarta y última entrega analizamos la relación entre participación electoral y condiciones socioeconómicas de los votantes en México. Puedes consultar las primeras tres aquí: 1, 2 y 3.
En la Ciencia Política existe una amplia discusión sobre el vínculo entre la participación electoral y un conjunto de características presentes en el votante, como su educación, su estatus socioeconómico o su identificación partidista. Sin abundar en las distintas hipótesis que han analizado los resortes que animan la concurrencia ciudadana a las urnas, este texto se limita a examinar la relación entre participación electoral y nivel socioeconómico del votante mexicano en los procesos de 2018 y 2021.1
Ilustración: Patricio Betteo
El primer paso de este análisis consistió en estimar el nivel de participación electoral global por decil. Para ello dividimos el número de votos totales en cada grupo socioeconómico entre la lista nominal de dicho decil. Esta relación a nivel nacional se ilustra en la gráfica 1.
El resultado más sobresaliente de la gráfica 1 es la forma de U que describe la relación entre participación y nivel de bienestar material. A diferencia de lo que sostiene buena parte de los trabajos teóricos —y de lo que se observa en democracias industrializadas—, al analizar los datos de las últimas elecciones de diputados federales, en México no existe un sesgo de voto por clase (income bias voting) que haga que los sectores ricos tengan mayores niveles de participación que los deciles más bajos (al menos ese fue el caso en 2021; en 2018 se observaron niveles similares).
Que los estratos más pobres tengan una participación electoral similar a la de los sectores más ricos es un comportamiento contrario a la relación lineal ascendente esperada por la teoría clásica, la cual asume que en la medida en que los ciudadanos reúnen recursos y capitales a lo largo de su vida, desarrollan un mayor interés y entendimiento de la participación política e internalizan la importancia del voto. Desde esta visión, el sufragio tiende a volverse un acto cotidiano, consciente y de bajo costo para quienes tienen acceso a tales recursos.
Una hipótesis para explicar los altos índices de participación electoral en las secciones menos favorecidas del país es la existencia de una movilización inducida a partir de prácticas clientelares. Distintos estudios se han enfocado en demostrar que el intercambio de votos por bienes o programas sociales ocurre sobre todo en los sectores económicamente precarizados de la sociedad, pues allí se encuentran los votantes altamente movilizables por las estructuras partidistas mediante apoyos, compra de votos o propaganda de las políticas sociales. En su estudio sobre el voto en América Latina, Haime comprueba estas expectativas al demostrar que la exposición a episodios de compra de voto (mucho más comunes en las clases bajas) inciden fuertemente en la propensión de los ciudadanos a participar en los comicios.2
Una hipótesis alternativa es que en ambos extremos de la distribución de bienestar pueden existir ciudadanos convencidos de votar por determinado programa en función de las consecuencias esperadas, de sus ideales o de sus intereses. Esto se ha señalado como el motor de lo ocurrido en 2021 con el voto por el PAN como opción opositora a Morena, en el caso de los deciles de ingreso más altos. Por otro lado, se podría argumentar que el hecho de que el mayor porcentaje de secciones electorales que Morena arrebató a otros partidos en 2021 se concentre en los estratos económicos más bajos refleja el apoyo de un sector de la sociedad que ve en el partido gobernante un defensor de sus intereses. Extendiendo aún más esta hipótesis, podría argumentarse que la alta participación en los extremos de la distribución de bienestar material refleja en alguna medida lo que algunos ven como polarización de la vida pública y el discurso político actual en México.
También es importante destacar cómo, entre los deciles IV y VII, la participación electoral registra poca variación, así como los niveles de participación más bajos, lo que sugiere que estos estratos medios han sido los más apáticos en los dos últimos procesos electorales.
Entre los argumentos que podemos retomar para explicar este fenómeno se encuentra que estos sectores medios son menos sensibles a la movilización de tipo clientelar, pero tampoco responden a los estímulos programáticos que los partidos presentan en campaña. Al respecto, hay quienes han teorizado sobre cómo la gran heterogeneidad de demandas, perspectivas y posturas que se pueden encontrar en las clases medias hace muy difícil para los partidos el planteamiento de propuestas o narrativas convincentes para un sector tan variopinto.
Es sabido que las elecciones intermedias suelen registrar menores niveles de participación. De hecho, el promedio de participación en procesos intermedios para la elección de diputaciones federales ha sido de 48.4 %, a diferencia de las elecciones concurrentes, donde la asistencia a las urnas alcanza un promedio de 61.7 %. Este patrón se confirma en la gráfica 1, al observar la diferencia en los niveles marcados por las líneas roja y azul.3 Sin embargo, también se puede apreciar en la línea roja (2021) una pendiente mayor en las colas —es decir, en el decil más bajo y el más alto—, lo que sugiere tanto un declive de la participación de las clases medias en el proceso electoral intermedio, como una movilización mayor de los deciles más altos y más bajos en comparación con la registrada en la elección de 2018.
La mayoría de los estudios recientes sobre participación electoral enfatizan la importancia de desagregar (por región, estado o demarcación) la relación entre nivel socioeconómico y participación. Esto se debe a que un análisis nacional impide comprender las sutiles diferencias en la dinámica del voto local. De manera particular, la literatura sugiere enfocarse en las desigualdades de ingreso en las distintas regiones y en cómo esto modifica la relación ingreso-participación.
Una primera hipótesis en torno a este fenómeno es que, conforme aumenta la desigualdad de ingreso en un estado, el sesgo participativo de clase aumenta sustancialmente, pues mientras los elementos que motivan el voto (escolaridad, ingreso, etc.) se concentran en los segmentos de mayor ingreso, los partidos (y programas) que terminan imponiéndose responden a los intereses de dichos sectores. Por consiguiente, entre los grupos desfavorecidos se genera un sentimiento gradual de ineficacia de su voto, lo que los aleja de las urnas.
Una segunda hipótesis propone que la desigualdad en el ingreso no tiene efecto alguno sobre la participación electoral. Este tipo de comportamiento se observa sobre todo en contextos de alta desafección, donde ricos y pobres se sienten igualmente ajenos a la política y perciben el voto como un mecanismo poco eficaz para producir cambios o gobiernos sensibles a sus demandas.
La última hipótesis sugiere que, al haber mayor desigualdad, los sesgos participativos se disuelven, toda vez que, en entornos desiguales, los gobiernos (por estrategia electoral) favorecen políticas redistributivas, las cuales son apoyadas en las urnas por los votantes de menor ingreso y, al mismo tiempo, son rechazadas, mediante el voto, por las capas poblacionales de mayor acceso a recursos materiales. Este mismo cuerpo de literatura plantea que el efecto en la participación es mayor en las clases económicamente desfavorecidas, pues el votante pobre no sólo sale a votar por sentirse atraído por los programas redistributivos, sino que, en entornos de alta desigualdad, también es más susceptible de insertarse en las redes clientelares de los partidos o del propio gobierno.
Al analizar la participación en los estados de México (panel 1), observamos que hay un grupo de entidades donde existe una relación estrictamente positiva entre el nivel socioeconómico y los niveles de votación. Ejemplo de ello son la Ciudad de México (al comparar las dos elecciones, se observa un incremento en la pendiente de 2021), Nuevo León (con niveles muy similares en ambas elecciones, quizá porque en la primera se jugaba la presidencia del país y, en la segunda, la gubernatura), Tlaxcala (en 2021) y, en términos generales, las Bajas Californias.
Este resultado es sugerente y permite apuntalar algunas de las expectativas teóricas mencionadas anteriormente. Dado que se trata de entidades con mayores niveles (promedio) de bienestar, podría decirse que, cuando las condiciones económicas no son tan desfavorables, se puede esperar que la participación electoral sea mayor en las clases altas que en las bajas (como ocurre en Estados Unidos); esto puede atribuirse a que, en estos entornos, las políticas redistributivas no son prioritarias para el gobierno o no son atractivas para el votante de los deciles inferiores. De igual modo, podría especularse que las prácticas clientelares tienen un menor alcance en este grupo de entidades.
Sin embargo, la mayoría de los estados reproducen la forma de U de la gráfica 1 a nivel nacional. San Luis Potosí, Puebla y Tamaulipas presentan esta relación de manera más acentuada, aunque en otras entidades también se observa dicho comportamiento, lo cual podría encajar en la última de las hipótesis mencionadas. Es decir, que en entornos de mayor desigualdad, donde se implementan políticas públicas redistributivas —o al menos existe en el discurso el objetivo de reducir esas desigualdades, como es el caso con el actual grupo en el poder—, se estimula la participación electoral, pues el votante sale a las urnas ya sea para apoyar esa política redistributiva (en el caso de los beneficiarios en los deciles más bajos) o para combatirla (en el caso de los deciles más altos).
Un par de casos interesantes son Chiapas y Yucatán. En Chiapas se tiene que, en los primeros tres deciles —que incluyen quizá a las secciones electorales más pobres del país—, la participación en 2021 fue muy similar a la de 2018 y ocurrió en niveles inusitadamente elevados (alrededor de 75 %). Sin embargo, conforme el nivel de bienestar aumenta, la participación cae alrededor de 30 %. Retomando algunas de las hipótesis planteadas, la explicación de este fenómeno podría estar en una eficaz movilización clientelar por parte del partido en el gobierno local o de los operadores de los programas federales. Por su parte, Yucatán entra en la categoría de los estados donde la participación tiene forma de U. Pero lo que llama la atención es la elevada participación (la cual ha sido persistente desde hace al menos diez años). Esta participación es incluso más alta en los segmentos más pobres de la entidad para luego caer a casi 40 % en el decil VIII y vuelve a elevarse en los deciles más altos. Al igual que en el caso de Chiapas, las características de la participación en Yucatán, especialmente en los segmentos más pobres, podrían explicarse por la eficacia con que los partidos y gobiernos movilizan a los votantes ubicados en los deciles inferiores. Con todo, en ambos casos hace falta una investigación más detallada para identificar los mecanismos que conducen a una participación alta en las secciones más pobres.
Al analizar la relación entre participación electoral y el estrato socioeconómico del votante, aquí se confirman de manera parcial las teorías clásicas que vinculan el acceso a la información, la educación y la posesión de bienes materiales con la probabilidad de salir a votar. Sin embargo, lo más llamativo del análisis fue encontrar altos niveles de participación electoral en sectores con mayores carencias materiales. Esto sugiere que hay elementos que activan el voto de estos grupos, los cuales pueden ir desde la identificación partidaria o la búsqueda de la ampliación y el fortalecimiento de programas sociales, hasta la manipulación de estos ciudadanos con prácticas clientelares (e.g. compra de votos o beneficios materiales) o relacionales, como la entrega de beneficios similares después de la elección (por ejemplo, la promesa de alguna política redistributiva específica).
Aleister Montfort
Cofundador de Entropia Ai. Es maestro en análisis computacional y políticas públicas por la Universidad de Chicago; ha sido científico de datos para el Banco Mundial.
Sergio Bárcena Juárez
Profesor-investigador del Tec de Monterrey y cofundador de Buró Parlamentario
Agradecemos los comentarios de Rodrigo López Lule y Rodrigo Franco. La responsabilidad por cualquier error u omisión es de los autores.
1 A partir de datos a nivel municipal de la elección federal de 2006, Soto y Cortez encuentran la relación opuesta, es decir, de U invertida; en este sentido, argumentan que en lugares “con baja marginación prevalece la movilización, mientras que en aquellos con alta marginación predomina el desencanto”.
2 También encuentra que la educación y la condición de desempleo destacan entre los factores predictores más importantes de la participación electoral.
3 Este ha sido el caso desde 1997.