Cuando el cuerpo de Debahni Escobar fue encontrado sin vida, en abril de 2022, la Fiscalía de Nuevo León dio como hipótesis inicial que la joven se había ahogado al caer en la cisterna del hotel junto al cual había sido vista por última vez, semanas antes. Es decir, que se trataba de una muerte accidental. Fue hasta julio, después de una ola de indignación nacional y un tercer dictamen forense que indicó una muerte violenta, que la carpeta de investigación cambió a la hipótesis de un feminicidio. Este caso tuvo enorme visibilidad, pero constantemente en todo el país hay familias que reclaman que las muerte de una de sus integrantes no fue accidente, ni suicidio, ni un homicidio de la delincuencia común, sino un crimen de odio por ser mujeres: un feminicidio.
En realidad nunca ha estado clara la cifra de cuántos feminicidios se cometen en México. Desde el movimiento feminista se impulsa visibilizar que son asesinadas diez mujeres al día; aunque del lado de las autoridades sólo se cuentan como “feminicidio” alrededor de una cuarta parte, es decir, menos de tres diarios. En Data Cívica hemos desarrollado una metodología propia para calcular cuántos homicidios de mujeres pueden deberse a razones de género y hemos encontrado, además, que hay una tendencia al alza, lo cual choca con que las investigaciones abiertas por este delito empiezan a ir a la baja.
Nuestro análisis, realizado a partir de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) que publica a finales de octubre de cada año el Inegi, arroja que en 2022 hubo al menos 995 muertes de mujeres que se pueden relacionar con causas de género. Son 16 más que las 979 víctimas reportadas en carpetas de investigación abiertas por el delito de “feminicidio” que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Es también la cifra más alta en los años de nuestro cálculo, mientras que en el del Secretariado fue de 1018 víctimas en 2021 y a partir de ahí muestra descensos.
Más allá de esta diferencia, preocupa que en noviembre pasado, en el contexto del más reciente informe de gobierno y del Día de la Erradicación de la Violencia de Género, el gobierno federal presumió una reducción de 35.6 % de feminicidios, una cifra que sería un éxito sin precedentes si no fuera porque la manera en que se calculó fue arbitraria, como se explicará más adelante.
Homicidios por razones de género al alza, más allá de las investigaciones oficiales
En Data Cívica hemos decidido utilizar como fuente de información para analizar los homicidios de mujeres por razones de género las Estadísticas de Defunciones Registradas del Inegi. Ese registro de mortalidad no tiene como tal un conteo de feminicidios, pero sí algunas variables que encajan en lo que legalmente se considera, a nivel federal, un crímen “en razón de género”, como el tipo de violencia ejercida y la relación con el agresor.
El primer paso es que de los registros donde la persona muerta era mujer (hasta ahora, el Inegi sólo desglosa binariamente en hombre y mujer), tomamos los casos en los que se especifica que el agresor tenía parentesco con la víctima o cuando en la causa de muerte se reporte que haya sido por una agresión sexual, o por maltrato o abandono. Y, adicionalmente, tomamos todas aquellas muertes no naturales que hayan ocurrido en viviendas.
Este criterio de clasificación no es el más estricto posible, ya que, por ejemplo, en menos de uno de cada diez homicidios se anotó si el agresor era familiar o no de la víctima. Es decir, para esa condición hay más de 90 % de casos de los que no sabemos si pudieron haber sido un crimen por razones de género.
Por otra parte, aunque se creó en 2012 en el Código Penal Federal, el tipo penal “feminicidio” quedó estipulado a nivel local en las 32 entidades apenas a finales de 2017. Así que es lógico que para antes de 2018 las cifras recopiladas por el Secretariado fueran en un aumento vertiginoso y estén por debajo del cálculo hecho con los registros de mortalidad del Inegi.
A partir de ese año, ambas líneas se parecen más, pero con nuestro cálculo —que como ya explicamos, puede ser bajo por los huecos de información—, la cifra de muertes de mujeres por causas de género había sido menor que la de víctimas en carpetas de investigación abiertas por feminicidio entre 2019 y 2021. Pero para 2022 contamos dieciséis casos de posible feminicidio más que el Secretariado y una tendencia al alza, diferente a lo que se está registrando en investigaciones por ese delito.
¿Cómo cuenta los feminicidios el Secretariado?
El SESNSP recopila la información enviada por las Fiscalías de Justicia de cada estado sobre las carpetas de investigación que hayan abierto por el delito de feminicidio. El manual para que llenen esas estadísticas dice que se considera que hubo “razones de género” cuando en un homicidio se presentan “alguna (o algunas)” de una lista de nueve circunstancias. Se trata de condiciones como que el agresor haya tenido cierto parentesco o una relación de confianza, que hubiera amenazas o acoso previo, o que el cuerpo tuviera lesiones degradantes, entre otras. Pero los códigos penales en los que se basan las Fiscalías para clasificar los delitos no están del todo homologados, por lo que un asesinato que en una entidad se reporta como feminicidio, en otra puede no considerarse así.
A pesar de que la sentencia de 2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el caso de Mariana Lima Buendía ordena que en toda muerte violenta de una mujer se investigue desde el principio si pudo haber sido un feminicidio (homicidio por razones de género), es muy claro que muchos estados dejan sin clasificar así asesinatos que tenían los elementos para serlo. Además, activistas feministas han señalado una resistencia constante de las autoridades estatales a reconocer sus verdaderos niveles de feminicidio, como cuando se han impulsado las declaratorias de Alertas de Género.1
Un análisis por estados vuelve evidente estas diferencias al tipificar los feminicidios. Llama la atención, por ejemplo, el caso de Chihuahua. En los noventa Ciudad Juárez se volvió un triste referente mundial de la violencia feminicida y sin embargo fue el último estado en tipificar el delito. Nuestra clasificación muestra que las mujeres asesinadas presuntamente en razón de género siempre han sido más que las que oficialmente se catalogan como feminicidios.
Algo similar ocurre con Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas, Tlaxcala o Zacatecas.
Es particularmente preocupante lo que se observa en Baja California, Guanajuato, Querétaro y Sonora, donde los reportes de las Fiscalías van a la baja o parecen estables, mientras que en nuestra clasificación la tendencia de homicidios de mujeres por causas de género se ha disparado.
Los estados que sí parecen estar haciendo bien las cosas —al abrir las investigaciones por feminicidio— son Chiapas, Coahuila, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Sinaloa y Veracruz. También la Ciudad de México a partir de 2019, cuando se declaró la Alerta por Violencia de Género.
¿Por qué el gobierno federal presume una reducción de 35.6 % de feminicidios?
El 28 de noviembre de 2023, en su comparecencia ante la Cámara de Diputados por el quinto Informe de Gobierno, la secretaria de Seguridad Pública y Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que en los cinco años de gobierno “el feminicidio bajó 35.6 %”. Un día después la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, repitió la afirmación en el informe mensual del grupo interinstitucional sobre violencias basadas en el género. Dijo que que si se comparaban las 101 víctimas registradas en carpetas de investigación por feminicidio en diciembre de 2018, cuando empezó el sexenio, con las 65 de octubre de 2023, último dato disponible en ese momento, la reducción era de 35.6 %.2 Más de un tercio.
Pero no consideramos que esa comparación sea la más adecuada. Diciembre de 2018 había sido uno de los meses con más víctimas de feminicidio registradas; mientras que octubre de 2023 estuvo por debajo del promedio (80 víctimas al mes en los últimos cinco años).
Si las secretarias hubieran comparado el promedio mensual de víctimas de feminicidio en 2018, último del sexenio anterior, con el promedio de 2023, la reducción, entonces, es de 77 a 71 al mes, una diferencia mucho más modesta, de 7 %.
Un #8M para exigir más y mejores datos
Los reclamos del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, van desde exigir un alto a la violencia letal, como los feminicidios, hasta pedir igualdad de derechos y una atención real a los problemas de discriminación por género. Queremos sumar, en este contexto, la exigencia de más y mejores datos para entender el fenómeno de los feminicidios, para el que todavía no hay soluciones que funcionen.
El SESNSP —y las Fiscalías— no pueden ser casi la única fuente oficial para contabilizar los feminicidios.3 Necesitamos maneras más confiables de monitorear la situación real de los homicidios en razón de género y que las Fiscalías homologuen sus criterios y procedimientos para tipificarlos.
No sólo necesitamos más datos, sino de mejor calidad: en el caso del Secretariado, las edades de las víctimas sólo están desagregadas entre niñas y adolescentes (de 0 a 17 años) o adultas (de 18 en adelante), por lo que no es posible estudiar el impacto de esta violencia por grupos etarios mejor focalizados.
En el caso del Inegi, para las estadísticas de 2022 nos encontramos con la buena noticia de que ha empezado a registrarse si la víctima se identificaba como indígena o afrodescendiente. Pero con la mala de que ya no se hace la anotación de si el homicidio se puede considerar violencia familiar (un dato que se derivaba del tipo de parentesco entre víctima y agresor). Incluso el registro de parentesco se ha deteriorado en lugar de fortalecerse: en el sexenio pasado se registraba esta variable en alrededor de 5 % de los casos, pero a partir de 2018 no supera ni el 2 %. Una variable que está vacía casi siempre debería ser una llamada de atención de que algo no se está cumpliendo como fue diseñado.
Tener más y mejores datos sobre violencia contra las mujeres es indispensable para buscar los puntos clave en los que es necesario enfocar los esfuerzos institucionales y sociales. Además, la escasez de ángulos para echar luz al tema se presta a la discrecionalidad de que las autoridades en turno tomen los datos como mejor les convenga.
Recordemos siempre que en realidad no se trata de números: son personas, mujeres que fueron asesinadas por machismo y las que en un futuro quisiéramos que no sumen como una estadística más.
Itxaro Arteta
Líder de Comunicación Estratégica en Data Cívica. Periodista desde 2008 con experiencia en temas de género, derechos humanos, transparencia y política. Finalista del Premio Breach-Valdez de Periodismo y Derechos Humanos 2022, mención honorífica del premio Rostros por la Igualdad Gilberto Rincón Gallardo 2023.
1 Para profundizar en este tema se puede consultar el informe de Data Cívica “Ciudadanizar y evaluar las Alertas de Violencia de Género desde las organizaciones de la sociedad civil, un ejercicio interactivo”.
2 El SESNSP actualiza sus registros cada mes, si hay reclasificaciones de las carpetas de investigación. El dato presentado para octubre de 2023 se actualizó al alza a 67 víctimas (consultado en marzo de 2024).
3 El Inegi en su reciente publicación “Cuaderno 28. La medición del feminicidio en México” señala que aunque también es posible obtener información sobre este delito a nivel local de los Censos Nacionales en temas de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, sus alcances son limitados y, en general, no cumplen con recomendaciones internacionales para medir las muertes de mujeres y niñas por razones de género.