México es uno de los países más complejos del mundo en flujos migratorios, incluye nacionales emigrados, principalmente a Estados Unidos; personas retornadas de manera voluntaria o expulsada de ese país; grupos de migrantes en tránsito; poblaciones inmigrantes establecidas en el país, y un cada vez mayor número de personas extranjeras en situación de protección internacional. En este contexto de complejidad creciente, el presente texto hace una revisión de las opiniones y preferencias de la sociedad mexicana en relación con estos fenómenos migratorios. En lo que sigue, se presenta una recapitulación de los principales hallazgos de la encuesta representativa “México, las Américas y el Mundo: Opinión Pública y Política Exterior” realizada a finales de 2021 por el CIDE. Los resultados apuntan a que existe un significativo acuerdo entre la opinión sobre el fenómeno migratorio de la sociedad mexicana y las políticas migratorias desarrolladas en este país en el último siglo.
Primero, los datos recogidos de la encuesta muestran que, a pesar del aumento en el flujo migratorio y la complejidad de los fenómenos de movilidad en México, la migración internacional no es considerada como uno de los temas que más afectan personalmente a la sociedad mexicana (sólo 54.6 % dicen verse afectada directamente). Si bien este número aumenta cuando se pregunta por el efecto que el fenómeno migratorio tiene sobre el conjunto del país, alcanzando 70.7 %, apenas es relevante si se compara con otros temas (véase la inseguridad o la situación económica). De hecho, de todos los temas preguntados a las mexicanas y los mexicanos, el fenómeno migratorio es el penúltimo en importancia. Esta falta de interés podría estar reflejando la casi inexistente agenda migratoria del gobierno mexicano.
Segundo, que a pesar de la buena opinión que la mayoría de las personas encuestadas tiene sobre los extranjeros que viven en México (70.1 %), esta opinión favorable varía cuando se les pregunta por distintas nacionalidades de origen. Los estadunidenses (62.3 %), españoles, chinos, argentinos y cubanos son mejor vistos que los venezolanos (44.5 %), guatemaltecos, haitianos y hondureños. Aunque la opinión general sobre la población migrante de Centroamérica es porcentualmente favorable (50.2 % favorable frente al 43.1 % desfavorable), ha disminuido en los últimos años, especialmente en 2018 (59.8 % desfavorable), lo que puede estar relacionado con las primeras caravanas migrantes. Estos datos desagregados por nacionalidades son relevantes desde el punto de vista de la percepción hacia los extranjeros, dado que los flujos migratorios, en situación irregular o que necesitan acogerse a protección internacional, que más han aumentado en México en los últimos años son principalmente de poblaciones de Centroamérica, Venezuela y el Caribe. En definitiva, esta importante dispersión de parecer sobre los extranjeros en función de su origen parece tener una relación con el desarrollo de una política de flujos migratorios que ha excluido por años a unos migrantes sobre otros y que parece haber calado en el parecer de la sociedad mexicana.
Tercero, los datos recogidos por la encuesta arrojan un resultado muy interesante sobre el fenómeno de los refugiados o de aquellas personas que necesitan protección internacional. A diferencia de lo que podría esperarse, los refugiados o personas que huyen de su país por motivos vinculados a la persecución, la violencia o a los conflictos son peor valorados que los extranjeros en general. En este sentido, tan sólo 54.5 % de las entrevistadas y los entrevistados mexicanos tiene una opinión favorable sobre las personas refugiadas y 53.2 % lo tienen de las personas que han huido. Es probable que esto se deba a que las mexicanas y los mexicanos perciben a estas personas como pertenecientes al mismo grupo de población peor valorado, esto es: los migrantes procedentes de Centroamérica, Venezuela o el Caribe. Aunque igualmente puede responder a la posición adoptada por el gobierno actual de no reforzar la respuesta a las personas necesitadas de protección internacional, dejando la gestión a agencias de Naciones Unidas o a la sociedad civil.
Cuarto, la opinión pública en México sobre las contribuciones de las poblaciones extranjeras al país es mayoritariamente positiva. La mayoría de las personas considera que los extranjeros aportan beneficios económicos (75.1 %) y traen ideas innovadoras al país (63 %). De igual forma, una minoría de las mexicanas y los mexicanos están muy o algo de acuerdo con la idea de que debilitan las costumbres (39.4 %) o quitan empleos (39.9 %). Estas opiniones han sido relativamente constantes durante la última década. Sin embargo, hay un aumento en la percepción de que los extranjeros contribuyen a la inseguridad: si en 2010, 38 % estaba muy o algo de acuerdo en que las personas extranjeras generan inseguridad, en 2021 el porcentaje era de 45.7 %. Que, hasta la fecha, no se haya politizado el fenómeno migratorio y que, en buena medida, el gobierno que acaba de concluir haya apoyado al inicio de su mandato los flujos migratorios, parece tener incidencia en la opinión favorable que tiene la sociedad mexicana sobre las aportaciones de los extranjeros al país
Quinto, en correspondencia con los resultados anteriores, la sociedad mexicana está muy o algo de acuerdo de que la población migrante tenga acceso a derechos relacionados con seguridad social (a servicios de salud 87 % y a educación pública 81 %) y al mercado laboral (78 %), así como a la posibilidad de obtener la nacionalidad mexicana (77 %) o a la reunificación familiar (72 %). Como es bien conocido, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la Ley de Migración de 2011, o todas aquellas leyes generales de servicios básicos sociales (sanidad o educación), dan protección a toda persona que esté en territorio mexicano. Frente a esto, aquellos derechos que la propia legislación restringe, como a “inmiscuirse en los asuntos políticos del país” (art. 33 de la Constitución mexicana), tienen menos apoyo de la sociedad, como son aquellos vinculados con la posibilidad de formar organizaciones para defender sus derechos (69 %) o de votar (63 %).
Sexto, y último, al preguntar a las mexicanas y los mexicanos sobre cuáles son las posibles medidas que el gobierno federal debería poner en marcha para gestionar el fenómeno migratorio, el resultado sigue la misma lógica ya señalada a lo largo del texto: opinión pública y política coinciden. Para la sociedad mexicana, el gobierno debería tomar medidas para controlar la migración irregular, ya sea mediante vías legales de entrada al país, como la puesta en marcha de programas de trabajadores temporales (75 % de las entrevistadas y los entrevistados están muy o algo de acuerdo en poner en marcha esta medida), o con el uso de la Guardia Nacional (74 %). Además, la mayoría de la población está de acuerdo con algunas posibles soluciones muy distintas e incluso contradictorias: por un lado, aumentar el control fronterizo (72 %), y por otro, facilitar el paso de los migrantes hacia los Estados Unidos (63 %) o permitir su entrada sin obstáculos (49 % a favor frente al 46 % en contra). Ello puede corresponder con el doble discurso —de derechos por un lado y de restricción por otro— que de forma constante sostuvo el gobierno de López Obrador. En esta misma línea, la mayoría de las mexicanas y los mexicanos encuestados están de acuerdo con deportar a los migrantes a su país de origen (58 %), pero no apoyarían la construcción de un muro en la frontera sur (sólo el 27 % está a favor de esta medida).
Las afirmaciones aquí realizadas del vínculo entre opinión pública y políticas son tan sólo una primera aproximación que deberá ser comprobada con más datos y análisis en profundidad. Con los resultados presentados, nos atrevemos a lanzar la siguiente hipótesis: la opinión pública refleja en muchos sentidos las políticas y normas migratorias establecidas en el último siglo, tanto en términos de valoraciones y preferencias sobre distintas nacionalidades, como en las preferencias sobre políticas y acciones públicas. En buena medida, creemos que existe una importante correspondencia entre el parecer de la sociedad mexicana y la Constitución y las normas y políticas federales, incluyendo de forma significativa las desarrolladas por el gobierno que terminó hace poco (como el papel dominante de la Guardia Nacional). El nuevo gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum deberá tomar esto en cuenta.
Elena Sánchez-Montijano
Profesora Investigadora Titular de la División de Estudios Internacionales del CIDE y coordinadora general del CIDE-MIG
Gerardo Maldonado Hernández
Director de la División de Estudios Internacionales del CIDE