Recientemente el INE anunció que el límite de gastos permitidos para la campaña de los candidatos que compitan por alguna de las 300 diputaciones federales de mayoría relativa en México en 2024 será de aproximadamente 2.2 millones de pesos.1 Para evaluar qué tanto influye el gasto de estos recursos sobre los resultados electorales, en este artículo analizamos los datos de la elección federal de 2021 como punto de referencia.
Caso
En México, el financiamiento de las campañas políticas se sustenta en fondos públicos y se somete a un escrutinio riguroso. El Instituto Nacional Electoral (INE) supervisa los ingresos y gastos de los partidos y candidatos. Durante las elecciones para la Cámara de Diputados, los candidatos compiten en diversos distritos y emplean una variedad de recursos financieros y estrategias para atraer a los votantes usando el presupuesto que les es asignado primero por la autoridad electoral, y posteriormente por los liderazgos de sus partidos.
Conforme nuestro país se distancia de su pasado político hegemónico, la profesionalización de las campañas se ha vuelto un asunto esencial, que puede marcar la diferencia entre el éxito y la derrota en una elección. Los datos históricos de los últimos veinte años muestran que la competencia se ha vuelto cada vez más intensa, con una tendencia a la reducción de márgenes entre ganadores y perdedores. Esto ha requerido que candidatos y partidos optimicen el uso de sus recursos y desarrollen campañas políticas más sofisticadas.
Reglas
En la Constitución, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se establecen las reglas del financiamiento y gasto en materia electoral. A partir de éstas es que los partidos políticos reciben un financiamiento público (mayoritario), y se regula su acceso al privado (minoritario), así como lo que pueden llevar a cabo en materia de erogaciones. Para cada proceso el INE fija cuánto le dará a cada partido y los topes máximos de gastos de campaña.
Primero se define el monto de dinero a repartir. Para este cálculo es importante recordar la fórmula anual para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes. La bolsa total resulta de multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 75 % por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Una vez que se conoce esta cantidad, el 30 % se distribuye entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70 % restante de acuerdo con los votos obtenidos en la elección de diputados inmediata anterior.
Después se define el monto de dinero que se puede gastar en campañas. Durante elecciones concurrentes, los partidos reciben el equivalente al 50 % del monto que les corresponda ese año para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes. Cuando solo se renueva la cámara baja federal, el monto desciende al 30 %. En ambos casos el financiamiento de campaña es administrado, en su totalidad, por los partidos políticos, estableciendo el prorrateo conforme lo marca la ley y teniendo que rendir cuentas ante los entes fiscalizadores del INE.
Por último, se fija el límite de lo que se puede gastar durante la campaña. En el caso de las candidaturas a la Cámara de Diputados, hay dos escenarios. El primero, si son comicios concurrentes con la elección presidencial: se divide el tope de gasto de campaña establecido para la elección del Ejecutivo Federal entre 300 (este último monto equivale, a su vez, al 20% del financiamiento público para gastos de campaña para todos los partidos políticos durante la elección presidencial inmediata anterior). El segundo, si son intermedias: se actualiza con el valor de la Unidad de Medida y Actualización.
Teniendo un marco general de las instituciones que regulan el tema, resulta relevante saber cómo es que, una vez que se fijan los montos y que las candidaturas fueron definidas, cada partido político o coalición —o candidatos independientes de ser el caso— decide utilizar sus recursos para cada candidatura. Sobre todo, para conocer la utilidad del dinero (lícito) para ganar (legalmente) más votos. El papel que los recursos monetarios juegan en las elecciones, ante la posible distorsión que el dinero genere sobre la equidad de los procesos democráticos, vale la pena ser estudiado.
Relevancia de la investigación
Numerosos estudios, en su mayoría enfocados en Estados Unidos, han demostrado que el dinero es uno de los más poderosos aliados de las campañas políticas. Desde los primeros análisis de las elecciones legislativas que datan de los años setenta en la unión americana, se empezó a vislumbrar la importancia de los gastos de campaña. Diferentes estudios han probado que el dinero tiene un impacto particularmente fuerte en los candidatos menos conocidos, ayudando a aumentar su visibilidad y, por ende, sus posibilidades de victoria. Una investigación que contempla el periodo 1972-1982, especificó que cada aumento de 100 000 dólares en el gasto de campaña podrían traducirse en un aumento de hasta un 2.2 % en los votos obtenidos.2 Lo interesante de este fenómeno es que parece no limitarse a las fronteras de Estados Unidos. Elecciones en Canadá, Irlanda, Francia, Reino Unido, Brasil y Japón han revelado una relación similar entre el gasto de campaña y el éxito electoral. Y, como veremos, México no es la excepción.
Análisis
Para el proceso electoral 2020-2021 el tope máximo de gastos de campaña para diputaciones federales de mayoría relativa fue de 1 648 189.00 pesos. En aquella ocasión participaron diez partidos políticos (PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, MC, Morena, Partido Encuentro Social, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México) y dos coaliciones en diversos distritos electorales (Juntos Hacemos Historia y Va Por México). Utilizando una base de datos de creación propia, analizamos lo gastado por los partidos políticos en cada uno de los 300 distritos para ocupar una diputación federal por el principio de mayoría relativa.
En la Figura 1 se muestra la distribución del gasto de campaña de los candidatos a una diputación federal en la elección de 2021. Nótese que esta distribución tiene un fuerte sesgo estadístico hacia la derecha, lo cual implica que existió un mayor número de candidaturas que realizaron gastos de campaña relativamente discretos y un pequeño número de candidaturas que realizaron gastos de campaña más abultados, cercanos al tope.
Figura 1
En la Figura 2 se presenta un mapa de calor en el que se observa la variación en términos del gasto promedio de los candidatos para las 32 entidades federativas. Los espacios en blanco significan que no hubo una candidatura de coalición en esa entidad, o bien, que un partido político participó en la coalición, pero no registró candidatura. En este sentido, se advierte que la coalición Juntos Hacemos Historia no presentó un candidato común en Campeche, Colima y Tabasco. Por su parte, Va por México no fue unida en Coahuila, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán. En cuanto a los colores, mientras mayor intensidad tiene el azul del mapa, implica que los candidatos de una coalición o partido gastaron una mayor cantidad de recursos. Por ejemplo, los candidatos de Juntos Hacemos Historia tuvieron un mayor gasto promedio en Aguascalientes (908 710.10 pesos), comparado con el resto de las entidades, situación similar a la de Va por México, ya que sus candidatos tuvieron un mayor gasto promedio (1 315 537.60 pesos) en la misma entidad. En contraste, los candidatos de la coalición Juntos Hacemos Historia gastaron menos en promedio en Veracruz (514 196.00 pesos), mientras que los candidatos de Va Por México tuvieron su menor gasto promedio en Guanajuato (865 235.50 pesos).
Figura 2
La Figura 3 describe la distribución del gasto de las candidaturas por su coalición o partido político de postulación. Resalta que las candidaturas independientes fueron las que reportaron el gasto más elevado, con un promedio de 1 631 334 pesos. En contraste, los candidatos del partido Redes Sociales Progresistas fueron los que realizaron, en promedio, el menor gasto de campaña.
Figura 3
De las 2189 candidaturas que contendieron por una diputación federal uninominal en 2021, un total de 1889 resultaron perdedoras y 300 obtuvieron un escaño en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados (2021-2024). Asimismo, 175 diputaciones federales fueron postuladas para ser reelectas consecutivamente, lo que implica que 2014 candidatos no ostentaban el cargo de diputación al momento de hacer campaña.
En la Figura 4 se presenta la misma información que en la Figura 3, pero ahora se segmenta por candidaturas ganadoras y perdedoras. Con ello queremos resaltar que los candidatos que ganaron fueron los que (en promedio) reportaron gastos de campaña más elevados. Así se observa para el PAN, la coalición Va Por México, el PVEM, Morena, el PRI, y MC. Las diferencias observadas son relevantes, por lo que sugiere que existe una relación entre el gasto en campaña y la probabilidad de ganar una elección a una diputación federal.
Figura 4
Finalmente, para evaluar la relación entre el gasto en campaña y la probabilidad de ganar una elección a una diputación federal en 2021, estimamos diferentes modelos logísticos binomiales. Este tipo de modelos pueden relacionar cuál es el efecto de diferentes variables explicativas sobre una variable dependiente que solo tiene dos posibles resultados. En este caso observamos si cada una de las 2189 candidaturas analizadas: a) ganaron o; b) perdieron la elección en sus respectivos distritos. Al incluir diferentes variables de control para obtener una mejor estimación, encontramos que el efecto promedio del gasto en la probabilidad de ganar es de 0.1974. Esto implica que, en promedio, por cada millón de pesos adicional que gasten los candidatos a una diputación federal, se espera que la probabilidad de victoria aumente en 19.74 % en términos promedio. Esto se puede ver en la Figura 5.
Figura 5
Conclusión
Una de las conclusiones más inquietantes de este análisis es la innegable y significativa relación entre el gasto de campaña y las posibilidades de triunfo en una elección para diputación federal en México. Esto plantea una pregunta fundamental en el contexto de la democracia: ¿hasta qué punto el dinero debería ser un factor determinante en la victoria electoral?
Si bien es cierto que un mayor financiamiento brinda a los candidatos la capacidad de implementar estrategias de campaña más efectivas y, por lo tanto, aumenta sus probabilidades de ganar, esta relación plantea preocupaciones sobre la equidad en la competencia política. ¿Es justo que aquellas candidaturas con mayores recursos tengan una ventaja tan significativa sobre sus oponentes? ¿En manos de quién queda la decisión de cuánto dinero se destina a una candidatura? ¿Terminan siendo los líderes partidistas quienes definen la conformación de la asamblea? ¿No debería la democracia garantizar una competencia más equitativa, donde las ideas y la capacidad de liderazgo sean los principales factores de éxito, en lugar de la capacidad financiera?
En un sistema donde el dinero desempeña un papel tan destacado en la determinación de los resultados electorales, existe el riesgo de que los intereses económicos o de las cúpulas partidarias tengan un peso desproporcionado en la conformación de un órgano político que con la elección de 2024 será, sin duda, crucial para determinar la relación de poderes y el funcionamiento de la democracia de este país durante los próximos años.
Un aspecto que no se aborda en este artículo (pero que sin duda se debe estimar) es la creciente complejidad de evaluar la influencia del dinero ilegal en la política mexicana, un fenómeno que se ha vuelto cada vez más común en las últimas elecciones federales y locales. La naturaleza no rastreable de este dinero plantea preguntas fundamentales sobre el papel de los candidatos y campañas que tienen acceso a financiamiento ilegal. ¿Hasta qué punto podrían estar compensando lo que no reciben de recursos públicos declarados? Esta incertidumbre nos lleva a una reflexión crucial: ¿es posible que algunos candidatos o partidos informen sobre gastos limitados de dinero público y, a pesar de ello, alcancen la victoria electoral?
El desafío de medir la influencia del dinero ilegal se entrelaza con la noción de éxito electoral. Si bien el artículo subraya que los candidatos victoriosos tienden a reportar gastos de campaña más elevados, esto nos plantea una cuestión relevante sobre cómo definimos y medimos el éxito en las elecciones. ¿Está exclusivamente vinculado al monto gastado en la campaña, o intervienen otros factores, como la calidad del candidato, su plataforma política, o el respaldo popular, que también ejercen un impacto significativo en los resultados? Esta reflexión nos lleva a considerar si el financiamiento ilegal ejerce una influencia en el éxito electoral y cómo esta percepción afecta la equidad de la competencia política y la salud de la democracia en México.
En última instancia, la presencia del dinero ilegal en la política mexicana no sólo presenta desafíos para su medición y análisis, sino que también plantea riesgos para la integridad del sistema político. Las preocupaciones en torno a la equidad en la competencia política se intensifican debido al financiamiento ilegal. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo esta variable no rastreable podría distorsionar la voluntad del electorado y favorecer a candidatos o partidos con acceso a recursos no declarados. Estos riesgos plantean cuestionamientos sobre la salud de la democracia en México y subrayan la importancia de abordar eficazmente el financiamiento ilegal para mantener elecciones justas y equitativas.
Sergio A. Bárcena Juárez
Politólogo. Profesor-investigador titular del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, y profesor asociado de la Universidad de Guanajuato.
Edwin Atilano Robles
Politólogo. Profesor de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y Tutor del Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Julio Téllez del Río
Politólogo. Profesor de asignatura del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México.
1 Cantidad exacta: 2 202 262.00. El acuerdo fue aprobado, el 26 de septiembre de 2023, por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE y, el 28 de septiembre de 2023, por el Consejo General del órgano.
2 Jacobson, Gary C., “Money and votes reconsidered: congressional elections, 1972–1982”, Public Choice, 47(1), 1985, pp. 7-62.