En la primera entrega de este artículo exploramos como la victoria casi total del presidente López Obrador sobre el robo de combustible (o huachicol) carece de sustento, explicando como el descenso de 95% de esta actividad criminal no se refleja en las ventas de Petróleos Mexicanos y como la situación de los precios de combustibles en México y la experiencia internacional —en específico el caso de Turquía— dejan preocupantes lecciones sobre la situación de este mercado negro. Pero estos no son los únicos argumentos para dudar del otro dato presidencial del huachicol. En esta segunda entrega exploramos algunas de estas tesis para analizar con rigor lo dicho por el presidente, que ha afirmado tener “otros datos” y que las estadísticas pueden “servir para todo, de acuerdo a como se acomoden” (Guerrero 2019). 

Ilustración: Víctor Solís

Otros motivos para cuestionar los otros datos

El periodista Carlos Loret de Mola no ha sido el único que ha cuestionado la falta de sustento de esta victoria casi total sobre el robo de hidrocarburos promovida por el presidente. A finales de julio de 2019 la organización de la sociedad civil xico Evalúa cuestionó también las cifras de la presidencia que sostienen que el robo de hidrocarburos ha disminuido en más de 90%, recalcando que la afirmación se basaba exclusivamente en el volumen de hidrocarburos transportado por ductos (Omaña 2019). En este sentido la conclusión de México Evalúa es contundente: los datos presentados por presidencia no son consistentes debido a la limitada transparencia sobre los resultados de la estrategia del gobierno en contra del Mercado Negro de Combustibles (MNC). Un ejemplo de esta falta de transparencia es que PEMEX no ha actualizado su reporte de tomas clandestinas desde octubre de 2018.  

Transparentar sólo un descenso del robo mediante la extracción ilegal en ductos resulta problemático debido a que es un método más que complementa el robo a autotransporte, tráfico marítimo, terminales de almacenamiento y refinerías. A principios de 2019 el director general de PEMEX presentó datos sobre el robo de hidrocarburos en instalaciones de PEMEX (refinerías, terminales de almacenamiento y reparto (TAR)) y en ductos, mostrando la importancia de estas instalaciones estratégicas en esta actividad ilícita:

Año

Barriles Robados

% robado en Instalaciones (refinerías y TARs)

% robado en ductos

2013

13,870,000

58%

42%

2014

16,790,000

48%

52%

2015

17,885,000

57%

43%

2016*

9,490,000

100%

2017

21,170,000

26%

74%

2018

23,725,000

14%

86%

 

(Romero 2019)

*Con respecto a 2016 el gobierno federal no presentó el robo en ductos arguyendo un “cambio de inventarios”, sin embargo, la tendencia lineal (línea verde en la siguiente gráfica) apunta a un aumento durante ese año:

Estos cambios anuales presentados por el gobierno federal muestran la imperiosa necesidad de conocer exactamente las fuentes de las cuales se roba combustible en México, considerando el patrón de alternancia de los últimos cinco años. También muestran como la estructura fluida de las redes criminales —agrupaciones horizontales integradas por células coercitivas, políticas y financieras con alta autonomía, resilientes y adaptables que explotan diferentes mercados ilícitos y también legales (Garay-Salamanca y Salcedo-Albarán 2016)— las hace capaces de innovar rápidamente e integrar conocimiento técnico a través del reclutamiento a gran escala (Bright y Delaney 2013, 239).

Cuando estos grupos encuentran algún obstáculo para explotar refinerías, terminales o ductos, pueden adaptarse rápidamente cooptando a individuos con el conocimiento requerido (empleados de diferentes áreas de PEMEX, por ejemplo) y modificar sus operaciones con eficiencia y bajos costos.   Esto incluye una gran movilidad para robar hidrocarburos en otras plazas, un fenómeno que han cubierto cabalmente distintos medios locales. Petróleos Mexicanos en su reporte anual a la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos reconoció a finales de 2018 el desafío que representa la “sofisticación y amplitud de estas redes ilegales” (Petróleos Mexicanos 2018, 161) involucradas en el tráfico de combustibles. Esto representa un reto mayúsculo para el Estado y no solo para contener efectivamente el Mercado Negro de Combustible sino todas las empresas ilícitas que se han consolidado en el país. 

Resulta igualmente alarmante que el gobierno federal no presente una estrategia para hacer frente a la cooptación de actores grises, sobre todo al interior de Petróleos Mexicanos. Estos agentes son clave para que el MNC se consolide y expanda, ya que fungen como vínculos entre la Empresa Productiva del Estado y la criminalidad, moviéndose entre la legalidad y la ilegalidad. Desde hace años se ha documentado como trabajadores y funcionarios de PEMEX de todos los niveles jerárquicos proveen a las redes criminales involucradas en el tráfico de combustible conocimiento técnico, acceso a instalaciones, insumos que permiten camuflar la ilegalidad (como recibos, facturas, documentación “oficial”, puntos “legales” de venta), información crucial (como los horarios de transporte de combustible vía ductos), garantizar impunidad etcétera. La cantidad de actores involucrados en el MNC, la sofisticación de sus métodos de operación y el alcance y despliegue territorial hace de este un caso de Macro-corrupción Sistémica (Garay-Salamanca et al. 2018); un término acuñado por investigadores para describir el masivo caso de corrupción en Brasil conocido como Operação Lava Jato.  

Un proceso de macro-corrupción implica una participación premeditada y coordinada de varios agentes públicos y/o privados, incluyendo empresas, organizaciones criminales y actores grises que implementan diversas acciones y acuerdos. La macro-corrupción requiere la manipulación de normas y procedimientos institucionales, grandes operaciones de lavado de dinero (nacional y transnacional), el establecimiento de empresas fachada para obtener ganancias y, lo más importante, cooptar instituciones y funcionarios de alto rango para concretar acuerdos estables (incluyendo pactos políticos, empresariales, burocráticos e institucionales). Los acuerdos derivados de esta cooptación generan beneficios sostenidos para los agentes participantes "y resulta en formas sofisticadas de corrupción más allá de un solo soborno" (ibid, 31).

Las redes criminales detrás del Mercado Negro de Combustibles mexicano están profundamente diversificadas y su cooptación institucional de PEMEX se ajusta a la definición de Macro-corrupción Sistémica. Estos grupos cooptaron a PEMEX a través de prácticas pertenecientes a esquemas de “gran corrupción” que, según Rufyikiri (2016), incluyen "el uso de recibos y certificados falsificados" (7). A través de estos esquemas, las redes criminales comprometieron una gran parte de la efectividad de PEMEX y manipularon sus propósitos institucionales, volviéndolo un caso de “corrupción institucional” (Lessig 2013, 553-555). Con la cooptación de liderazgos, autoridades y funcionarios de alto nivel, estos esquemas de gran corrupción pueden mantenerse en secreto e impunidad durante períodos prolongados de tiempo.

Si bien es cierto que la administración de López Obrados ha mostrado mayor voluntad para atajar esta cooptación, sobre todo entre altos mandos (Barajas 2019), las acciones parecen casos aislados y no existe una estrategia de escala institucional para atacar este fenómeno de Macro-corrupción que ha permeado desde las refinerías y terminales de almacenamiento hasta la sede corporativa de PEMEX en la Ciudad de México.

Otra cuestión preocupante a la que apuntan estos datos es la importancia del robo de ductos desde 2017-2018, que representa la mayoría de los hidrocarburos robados en ese período. Esto es relevante porque PEMEX transporta del 60% al 70% de todos sus productos refinados a través de ductos (EnergeA y Grupo Atalaya 2017, 8) por una red que cubre una masiva superficie de 14,000 kilómetros (ibid, 35-36). Como ya se mencionó, presidencia argumenta que es aquí donde se realizó la disminución sustancial del robo de derivados. Sin embargo, en agosto de este año se reveló —gracias a una petición de transparencia— que entre enero y mayo de 2019 se detectaron 6,621 tomas clandestinas en la red de ductos de PEMEX, 91 perforaciones más en comparación con el mismo periodo de 2018. En este punto resulta importante recalcar que es necesario sostener los resultados transparentando las pérdidas volumétricas en litros de todos combustibles. Favorecer la falta de transparencia aludiendo a la seguridad nacional o la competitividad de PEMEX es perder de vista la verdadera amenaza a la seguridad del país y a la Empresa Productiva del Estado: el Mercado Negro de Combustibles.

Además del aumento de las tomas clandestinas los “otros datos” del presidente omiten importantes limitaciones institucionales que incluyen los sistemas de monitoreo de la red de ductos. El principal sistema de monitoreo de PEMEX es el SCADA, que permite vigilar “las condiciones operativas de los ductos, como presión, flujo, temperatura y empaque, y sobre todo, permite cerrar vía remota 505 de las 1,302 válvulas que existen a lo largo del sistema de ductos para impedir que el producto siga fluyendo en el punto donde la anomalía es detectada” (EnergeA y Grupo Atalaya 2017, 60). Al cerrar el paso entre dos válvulas, SCADA permite aminorar la pérdida de combustible robado deteniendo el flujo, aunque los hidrocarburos que queden en este tramo del ducto aún se pueden sustraer.

Lo que resulta importante entender es que este sistema es meramente de detección y permite aminorar cierta cantidad de perdidas (el sistema puede cerrar poco menos de 38% del total de válvulas de la red de ductos, por ejemplo). No obstante, SCADA requiere complementarse con una capacidad de respuesta para atender el robo de combustibles de la que PEMEX y el estado mexicano han mostrado grandes carencias. A esto se suma que SCADA no es tan preciso como se asume: el sistema reporta las bajas de presión entre válvulas que en “algunos tramos de la red significa distancias de más de 15 kilómetros que deben recorrerse físicamente para encontrar la toma, y si es una toma “profesional” puede no ser detectada, no obstante, los recorridos que se hagan” (Ibid, 61).

A las limitaciones institucionales y técnicas se suman las contradicciones entre el discurso y los objetivos del gobierno federal. En el discurso, el robo de derivados ya no es un problema. Pero en su Plan de Negocios de 2019 —publicado a mediados de julio de este año— Petróleos Mexicanos se fija como meta para este año reducir las pérdidas de gasolina y diésel en los sistemas de ductos entre 40 y 60% respecto a 2018 (Petróleos Mexicanos 2019, 140). Para este caso la contradicción resulta obvia y reiterativa: el titular del ejecutivo dice haber disminuido el fenómeno del robo de combustible en 95% mientras que la dependencia de su gabinete ampliado reporta, más de siete meses después, una meta de reducción de entre 40 y 60% con respecto a 2018. Vale la pena recalcar que, tanto en el Plan de Negocios de PEMEX como en la afirmación de reducción declarada por el presidente, se toman los niveles de robo de combustible de 2018 como base para plantear ambas disminuciones porcentuales.  Es más, la reducción de 95% no se plantea alcanzable dentro del periodo límite de las metas del Plan de Negocios de la paraestatal entre 2019 y 2023: 

Indicadores

Metas

2019

2020

2021

2022

2023

Reducción de pérdidas volumétricas*
de gasolina y diésel
en los sistemas de ductos
de Pemex

40-60%

≤ 10%

≤ 10%

≤ 5%

≤ 5%

≤ menor o igual a
* Respecto al registro del año anterior.
(Petróleos Mexicanos 2019)

A todos estos argumentos se suma la excelente labor de periodistas que ayuda a dilucidar, a nivel de piso, como el robo y tráfico de derivados continúa como un mercado negro en expansión en pleno 2019. En julio de este año un espléndido reportaje del periódico Reforma mostró como a lo largo de la ruta Monterrey-Ciudad de México (incluyendo los estados de Nuevo León, Coahuila, San Luis, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Estado de México y la capital del país) operan redes criminales dedicadas a comercializar combustible robado a gran escala: ofreciendo garrafas de 25 litros por 350-380 pesos (14-15.2 pesos por litro), utilizando negocios fachada para comercialización camuflada (vulcanizadoras, talleres mecánicos, cafeterías etcétera), subiendo la localización de sus puntos de venta a Google Maps y apoyándose en redes de halcones para evadir operativos (Reforma 2019). 

Y esto me remite al último punto de este texto. El estado mexicano lleva inmerso en una crisis de seguridad pública desde mediados del 2000. Desde ese momento, y en reiteradas ocasiones, ha quedado de manifiesto que las instituciones de procuración de justicia y seguridad pública tienen enormes carencias para hacer frente de manera efectiva a las grandes redes criminales que operan en el país y los mercados negros que las sostienen ¿Qué nos hace pensar que un Estado que no puede dar los resultados deseados en materia de homicidios, extorsión, secuestros, tráfico de personas o narcotráfico sí puede dar resultados totales y efectivos cuando se enfrenta al robo y tráfico ilegal de hidrocarburos? Creer que sí es posible se antoja ingenuo.

A principios de este año el presidente López Obrador decidió hacerle frente al nuevo gran mercado criminal en México, el Mercado Negro de Combustibles (MNC). Al hacerlo mostró una mayor y muy necesitada disposición a transparentar la escala de esta empresa ilícita. Ahora parece que el presidente está optando por escudarse en su popularidad para hacerse de una victoria política y discursiva. Sin embargo, el colosal reto del huachicol no desaparecerá con “otros datos”, sin importar como se acomoden.

 

Samuel León Sáez
Maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Oxford, Inglaterra.

 

Bibliografía

Guerrero, Claudia. Defiende AMLO empleo con sus ‘datos’”. Reforma. 20 de junio de 2019.

Omaña, Karla. Reportan a medias combate a huachicol”. Reforma. 30 de julio de 2019.

Romero, Octavio. 2019. Conferencia de Prensa. Presentación. Palacio Nacional. 14 de enero de 2019.

Bright, David A. y Jordan J. Delaney, 2013. “Evolution of a drug trafficking network: Mapping changes in network structure and function across time”. Global Crime 2013, Vol.14 (2-3), 238 – 260.

Garay-Salamanca, Luis Jorge y Eduardo Salcedo-Albarán, 2016. “Macro-Criminalidad: Complejidad y Resiliencia de las Redes Criminales”. iUniverse pp. 1 – 244.

Cruz, Noé. Pemex reporta 6 mil 621 tomas ilegales a mayo”. El Universal. 3 de julio de 2019.

Petróleos Mexicanos, 2018. "Annual Report Pursuant to Section 13 Or 15(D) Of the Securities Exchange Act of 1934". United States Securities and Exchange Commission.

Garay-Salamanca Luis, Eduardo Salcedo-Albarán, Guillermo Macías Fernández, Diana Santos Cubides y Nathalia Guerra Villamizar. “Macro-Corruption and Institutional Co-Optation: the “Lava Jato” Criminal Network”. Vortex Foundation, 2018, pp. 13 – 209.

Rufyikiri, Gervais. “Grand Corruption in Burundi: a collective action problem which poses major challenges for governance reforms”. Institute of Development Policy and Management, University of Antwerp, April 2016: pp. 5 – 18.  

Lessig Lawrence. “"Institutional Corruption” Defined”. The Journal of Law, Medicine & Ethics, octubre 2013, Vol.41(3), pp. 553-555.

Barajas, Abel. “Arrestan a General por robo a Pemex”. Reforma. 19 de julio del 2019.

Petróleos Mexicanos. 2019. Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2019-2023”.

Reforma. 2019. Opera red de huachicoleo de NL a CDMX”. Video.